Casi nada: la decisión de Mauricio Macri de impedir que los parientes directos de los ministros sean funcionarios públicos todavía no ha generado adhesión en estas comarcas. No es que sus palabras hayan retumbado o agitado algún avispero. Ninguno de los cuatro cuatro intendentes de los municipios tucumanos gobernados por Cambiemos -el signo político del Presidente- ha levantado la mano para anunciar su encuadramiento.

En dos de esas ciudades -Yerba Buena y Bella Vista, puntualmente- los jefes municipales han sentado a un familiar en sus gabinetes. En Concepción hay apellidos que despiertan curiosidad. Y en San Miguel de Tucumán aseguran que “están analizando” la posibilidad de emular la reglamentación.

El hermano de Campero

Pero, de prosperar la veda, ¿qué ocurriría? ¿Habrá quienes se vean obligados a renunciar en alguno de esos distritos? En Yerba Buena, el intendente radical Mariano Campero cuenta con la colaboración de un hermano suyo, Julio Campero. A él le encomendó la delegación de San José. También posee relación de familiaridad, aunque no directa, con dos funcionarios más, Erika Brandenburg -subdirectora de Hacienda- y Dino Alfieri -director de Relaciones Institucionales-.

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Interrogado sobre esas situaciones, Campero no guarda silencio. Cuenta que a Brandenburg la conoció durante su gestión, cuando ella presentó su currículum y fue seleccionada. Luego elogia el desempeño de Alfieri. No obstante, aclara que ninguno de ellos debería marcharse porque se trata de vínculos indirectos. “Mi hermano -reconoce- sí entraría en esa norma. Pero quiero aclarar que él no maneja recursos. Es coordinador de acciones. Reconozco que el nepotismo les hace daño a las administraciones. Pero entiendo, sin embargo, que un intendente tiene la facultad de elegir a su equipo”.

Un episodio resonante en aquella ciudad fue el que protagonizaron en 2016 los ediles Pedro Albornoz Piossek y Lucas Cerúsico, cuando uno de los funcionarios más íntimos de Campero -el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Pablo Macchiarola- denunció que habían nombrado a sus esposas en el Concejo.

La mujer de Salazar

En Bella Vista se observa otro hecho notorio: la esposa del intendente Sebastián Salazar, Ana Paula Quiles, ha sido designada en el área de Política Social. Ante ello, el marido y jefe opina que tampoco se debería caer en una “caza de brujas”. Lo de Macri -razona- sobrevino tras la comprobación de que “varios familiares” de ministros habían sido incorporados al Estado.

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“Mi caso es distinto. No ha habido designaciones que hayan causado un incremento de la planta de empleados. Mis colaboradores se irán conmigo, cuando termine el mandato”, afirma. Entre sus razonamientos, Salazar plantea, además, que le parece injusto que se generalice una prohibición para los allegados, puesto que es de suponer que son elegidos por su idoneidad (“uno escoge gente que tenga el mismo ritmo de trabajo”; “que te acompañe en la gestión”).

De apellidos y esperas

En Concepción -otro distrito macrista-, se sabe de algunos apellidos que podrían generar interrogantes, de progresar una legislación al respecto. Entonces, la primera pregunta que se le hace a su intendente, el ex corredor de autos Roberto Sánchez, es qué opina de prohibición de Macri. Y él responde lo siguiente: “es un buen ejemplo. Por mi parte, no tengo a ningún familiar conmigo”.

- ¿Ha considerado adherirse?

- Primero, habría que pensar en cuál sería el alcance... sobre qué funcionarios caería.

Llegado este punto, se indaga a Sánchez por la cercanía con su secretaria privada, María José Agüera. “Hay un parentesco de cuarto o quinto grado”, aclara. También se le requieren precisiones sobre los hermanos Carlos y María Inés Tarulli, subsecretario de Obras Públicas y secretaria de Políticas Sociales. “No se trata de nepotismo. Yo los nombré a ambos”, prosigue. Un hecho que destaca Sánchez es que, apenas asumió, a fines de 2015, hizo un recorte del gasto público del municipio al revocar los contratos de más de 400 personas que habían sido incorporadas a la planta permanente, entre gallos y medianoche, por su antecesor, Osvaldo Morelli.

En voz de Walter Berarducci, secretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, se puede discutir bajo qué contexto se produjo la decisión de Macri. Podrá decirse que se trata más de una medida más con sentido político que económico o de ejemplariedad. Pero sea como fuere -evalúa-, el nepotismo resulta perjudicial.

Según sus dichos, el intendente capitalino, Germán Alfaro, no ha puesto a ninguna persona con lazos de sangre en su gabinete. “Estamos esperando a que el Gobierno nacional instrumente la prohibición para, en principio, elevar un proyecto similar al Concejo Deliberante”, asegura.

La réplica yerbabuenense

Pero en concreto, por ahora sólo en Yerba Buena -aunque en la esfera del legislativo local- hubo una recogida concreta de guante. Se trata del edil macrista Marcelo Rojas, quien ha redactado un proyecto de ordenanza que planea conversar con sus colegas y presentar en los albores de las sesiones parlamentarias. En ese texto, habla de prohibir la designación de familiares no sólo en el Ejecutivo, sino en los tres poderes del Estado municipal. Así las cosas, subirá la presión para que sean alcanzados, también, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Faltas.

En el artículo primero del escrito, se lee que no podrán efectuarse nombramientos de colaboradores que tengan algún parentesco tanto en línea recta como en línea colateral, hasta su segundo grado, con cualquier funcionario. Incluso, se hace referencia a los cónyuges y a las uniones convivenciales. En el remate, se le puso fecha a la intimación: “las personas cuyas designaciones se encuentren alcanzadas por ese artículo, deberán desvincularse antes del 31 de marzo”.

Al igual que lo dispuesto por el decreto presidencial, la propuesta yerbabuenense establecería una excepción para aquellos empleados que fueron designados mediante procesos de selección por concurso público de antecedentes o que gocen de una estabilidad ganada por los años en el puesto.

“El Estado no es un lugar para contener a los amigos”, dice Rojas. El peronista Héctor Aguirre contesta: “la medida de Macri tiene un único fin: seguir tapando la vergüenza de su gestión. No va a mejorar los índices con un par de despidos”. El edil fue elegido, a fines del año pasado, presidente del Concejo en una sesión en la que contó con los votos de cinco de sus colegas. A la cita no asistieron otros cuatro concejales, quienes interpusieron un recurso de amparo para desconocer su conducción.